Ver el código de «Comercio de Emisiones (SCE). Kioto a Juicio: El Protocolo Ante el Calentamiento Global»

[[Categoría: Kioto a Juicio: El Protocolo Ante el Calentamiento Global]]

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Sin duda, el [[SCE]] es el más polémico de los '''Mecanismos de Flexibilidad'''. 

Consiste básicamente en que un país (o empresa) compra ''certificados de reducción de emisiones'' a otro país o empresa en donde se haya producido una reducción de emisiones, o se hayan evitado.

En la práctica, y dejando al margen objeciones de principios, como es la cuestión de si mercantilizar
la [[contaminación]] (pagar para seguir contaminando) es algo legítimo, el [[Créditos de Carbono|comercio de emisiones]] desincentiva la necesaria reestructuración de las economías y los sistemas energéticos para que los países ricos emprendan un rumbo más [[sostenibilidad|sostenible]], ya que es factible que éstos cumplan sus (insuficientes) compromisos con un módico gasto económico en la compra de derechos de emisión, sin llevar a cabo una reducción real.

Adicionalmente, está el problema del llamado ''aire caliente'' de Rusia y Ucrania. 

El colapso económico de principios de los 90 que sufrieron estos países hizo descender radicalmente su actividad industrial y, por consiguiente, las emisiones reales de [[CO2]], en más de un 30%. 

Su compromiso de mantenimiento de las emisiones en los niveles de 1990 generó así un excedente de derechos de [[contaminación]] para vender.

Como resultado se ha originado un ''mercado de CO2'' con gran disponibilidad de [[Créditos de Carbono|bonos]] que permiten a otros países apuntarse una reducción emisiones que en realidad no ha tenido lugar, por el simple método de comprarlas a buen precio.

La Unión Europea fue pionera internacional en regular este comercio. 

Mediante la '''Directiva 2003/87/CE''', por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de [[gases de Efecto Invernadero|gases de efecto invernadero]], estableció un régimen pionero de comercio de [[dióxido de Carbono|dióxido de carbono]] con vistas a reducir dichas emisiones en la Comunidad de forma económicamente ventajosa. 

Una de las obligaciones que creó dicho texto para los Estados miembros fue diseñar un ''Plan Nacional de Asignación Derecho de Emisión'' (''PNA'') donde se fija el número de derechos de emisión que se distribuirán a las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación al total de las emisiones nacionales. La primera fase de aplicación de la Directiva se extiende desde 2005 hasta 2007.