Programa Favela - Barrio. Consolidación y Aceptación del Fenómeno

De Construmatica


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A mediados de los años 70 las instituciones públicas inician un esfuerzo para diagnosticar el problema de una manera más sistemática:

Cuantificar, cualificar, saber cuántas personas vivían en estos espacios, en qué condiciones, dónde estaban ubicados, sus límites físicos, la topografía del lugar de ocupación, qué tipo de infraestructura había sido implementada, etc., informaciones todas ellas recogidas en el Cadastro de Favelas de 1982 ( Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, IPLANRIO (1982). Cadastro das Favelas do Município do Rio deJaneiro. Imprensa da Cidade. Rio de Janeiro).

No todas las favelas tenían el mismo nivel de urbanización; algunos asentamientos contaban con intervenciones hechas a partir de promesas político-electorales, una u otra agencia de servicios habían comenzado a producir precarias redes de infraestructuras de saneamiento o electricidad, etc.

A inicios de los años 80 había ya una mayor comprensión de la dimensión del fenómeno de los asentamientos urbanísticamente ilegales. El escenario era de recesión económica y se comenzaba a constatar una estabilización del crecimiento migratorio / demográfico; por otro lado, los nuevos sistemas políticos, más democráticos, hacían posible una mayor participación de las comunidades de vecinos, entre otros motivos porque representaban, un fuerte capital político-electoral.

La aceptación del hecho de la urbanización empezó a formularse desde distintas perspectivas, y gobiernos y comunidades se pusieron a trabajar con el objetivo de dotar las áreas de infraestructuras de servicios, primero de redes de aguas, y alcantarillado (en 1983 el nuevo gobierno socialista de Leonel Brizola empezó un programa para la implementación de redes de alcantarillado (águas y cloacas) en las favelas utilizando la mano de obra de los residentes de esas áeas. La meta prevista -atender hasta 750 mil habitantes en cuatro años- no fue alcanzada), electricidad; después con edificaciones para albergar las asociaciones de vecinos, los equipamientos sociales y deportivos, etc.

A partir de ahí se instauró un proceso denominado de urbanización comunitaria ("mutirao remunerado").

La idea era considerar al favelado (habitante de favela) como consumidor con derecho a ser atendido por todas las agencias gubernamentales de servicios públicos.

Para facilitar el proceso de financiación, las nuevas redes de esos servicios eran construidas con mano de obra de la comunidad, con recursos públicos y técnicas reglamentariamente establecidas, con control técnico financiado, y con el objetivo de conectar con las redes de los barrios formales colindantes.

El dialogo abierto gobierno-comunidad ganó sinergia política y promovió un conjunto de técnicas y tecnologías alternativas para construir y mantener las redes de las infraestructuras, desde sistemas de recogida de basuras con micro tractores hasta escaleras mecánicas para las áreas en pendiente, y otras muchas innovaciones técnicas que ponían en cuestión las soluciones normadas de urbanización habituales de la ciudad formal.

Al final de la década, el proceso de revisión de la política sobre favelas se introduce como tema de debate en la Cámara legislativa de la ciudad, produciéndose decretos que condenan definitivamente la política de erradicación de las comunidades, y así se recoge en el Plan Director de la ciudad de Rio de 1993 (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ Secretaria Municipal de Urbanismo -1993- Plano Diretor Decenal da Cidade. Rio de Janeiro ).

Ese mismo año de 1993 representa el punto de inflexión en el proceso de transformación de la realidad urbana de las favelas de Rio de Janeiro.

El nuevo gobierno recién electo apostó por la recuperación de la ciudad construida, por la dignificación de sus calles y de sus barrios, y lo hizo a través de la formulación de dos ambiciosos proyectos:

  • Rio-Cidade: para la ciudad formal y
  • Favela-Bairro. para la ciudad informal.

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