La nueva cultura que se trató de implantar con la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, ha venido demostrándose en la práctica sin demasiada eficacia, existiendo una clara tendencia hacia un cumplimiento de la Ley, todo lo más, meramente formal. Transcurridos ocho años desde su entrada en vigor, y seis del resto de disposiciones básicas en el ámbito preventivo, como el RD 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y, ya en las obras de construcción, el conocido RD 1627/97 de disposiciones mínimas, la Ley 54/2003 dice, en su pomposo título, que se trata de una reforma del anterior marco normativo. La realidad es que gran parte de sus contenidos tienen por objeto hacer más énfasis y concretar determinadas obligaciones ya existentes, sobre todo aquellas con gran incidencia en el cambio cultural pretendido por la anterior Ley, que son, precisamente, las que venían presentando mayores dificultades en su aplicación efectiva; también explicita en detalle determinados aspectos, a la vez que concreto y amplia algunas infracciones, antes omitidas. Sólo el apoyo en la labor de control de cumplimiento de la normativa, que compete a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por parte de determinados funcionarios, constituye realmente una auténtica reforma. Todos estos aspectos se analizan con detalle en el artículo a modo de reflexión en voz alta.