En el presente artículo se presenta un modelo de toma de decisión que sistematiza las distintas etapas que deben realizarse para implantar un sistema ferroviario en una ciudad media, aplicándolo a una ciudad de 400.000 habitantes para una línea tipo. El modelo está basado en que, dado que los proyectos de transporte público urbano necesitan una aportación de fondos externa a los mismos para que sean rentables -ya que su rentabilidad financiera es mucho menor que su rentabilidad social- estas aportaciones deben estructurarse, por un lado, en unas aportaciones del Gobierno Central a la construcción de la infraestructura -en el marco de una política global de transporte- y, por otro, en unas aportaciones anuales de las administraciones locales a la explotación -basadas en los beneficios que genera el proyecto al conjunto de la sociedad en la que se implanta-. Una vez establecidas estas aportaciones, en función de la tasa interna de rendimiento necesaria para la viabilidad del proyecto, el modelo establece las fuentes de las que la administración local puede conseguir los fondos, sobre la base de hacer pagar a los beneficiarios directos e indirectos del proyecto: propietarios inmobilarios, residentes en la ciudad, empresarios, comerciantes y a los principales causantes de la congestión en las ciudades, los automovilistas.