Definimos como bienes y servicios públicos aquellos que son básicos para el bienestar de los ciudadanos, son de uso universal, no tienen sustitución y su provisión está asegurada por la Administración Pública. La financiación de estos servicios se puede hacer a través de impuestos (sobre todo en aquellos que son “no excluibles”) o mediante tasas o precios aplicados a la cantidad del bien/servicio utilizado. Buscar el modelo de gestión más eficiente en cada caso y en cada momento es la responsabilidad de los gestores públicos. No existe un modelo universalmente más eficiente, sino que todos pueden serlo bien aplicados. Se describen en estas páginas los diferentes modelos conocidos y se hace una mención especial al modelo concesional, con referencia a la nueva “Ley Reguladora de la Concesión de Obras Públicas”, en tramitación. Esta ley no cubre la concesión de Servicios Públicos que debería ser objeto de una regulación paralela.